"México y su futuro postelectoral"

Tribuna de opinión de Carlos Malamud
Investigador principal para América Latina 
del Real Instituto Elcano

El calendario postelectoral mexicano es muy prolongado. El 1 de julio, cada seis años, hay elecciones presidenciales, aunque el nuevo gobierno asume el 1 de diciembre. Los resultados definitivos, parlamentarios incluidos, se conocen a fin de agosto. Estos plazos no son importantes en circunstancias normales, pero suman incertidumbre cuando algún actor protagónico cuestiona el proceso.

Ocurrió en 2006 y podría repetirse ahora. En ambas ocasiones el candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), Andrés Manuel López Obrador, denunció los resultados en base a supuestas irregularidades. En 2006 fue favorecido por la sorpresa y porque sólo lo separaba medio punto del presidente, Felipe Calderón. Hoy, la distancia con Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional), es de casi siete puntos y tres millones de votos.

Para justificarse insiste en que se violaron los principios de certeza, imparcialidad, equidad, objetividad y profesionalismo, ya que hubo compra y coacción del voto, intervención ilegal de los gobernadores del PRI,
manipulación de las encuestas e inacción del Instituto Federal Electoral (IFE) en la fiscalización de los gastos del PRI. Por eso habla de la compra de cinco millones de votos, una cifra que anularía a su rival.

Los resultados de las elecciones parlamentarias muestran que la ventaja del PRI y partidos aliados es mayor, pese a no tener la mayoría absoluta en el Congreso ni en el Senado. Si bien el PRI se habría quedado muy
cerca del 51% de los escaños en ambas cámaras, un dato que sólo se conocerá a fines de agosto, la necesidad de impulsar un profundo programa de reformas requiere de alianzas muy claras, especialmente con el PAN (Partido de Acción Nacional).

Entre las reformas más importantes están la energética (haciendo de PEMEX una empresa eficiente y rentable), la fiscal, la política o la del sistema educativo y de justicia. México y su futuro postelectoral.
La mayoría de ellas necesita reformas constitucionales, sólo posibles con los dos tercios en el Congreso y el Senado y para ello hay que sumar al PRI y al PAN. Únicamente con esta agenda reformista México podría evitar la trampa que acecha a los países de renta media y que impide su consolidación como naciones
desarrolladas.

El otro tema central del nuevo gobierno es la lucha contra el narcotráfico, devenida en guerra abierta con Calderón. Su evolución y sus más de 50.000 víctimas importan por varias razones. Primero, por su impacto en la opinión pública nacional, preocupada de forma ambivalente por el nivel de violencia y por la inseguridad y las amenazas de los carteles de la droga. Segundo, porque afecta la relación estratégica con EE.UU., clave para sus intereses. México es su tercer socio comercial, tras Canadá y China, e importa 200.000 millones de dólares anuales. Si sumamos los 3.185 kilómetros de frontera común y el peso de la colonia mexicana se entiende la importancia de la relación. En 2009, los más de 31 millones de mexicanos y sus descendientes eran el 10,3% de la población de EE.UU.

Peña Nieto tiene escaso margen para realizar cambios bruscos en la política contra el narcotráfico. Intentará desdramatizar el impacto de la guerra, buscando algunos triunfos rápidos y espectaculares y reduciendo el número de víctimas. Pero necesita el respaldo de Washington. De ahí sus palabras conciliadoras hacia el
norte. Tranquilizar al vecino para negociar más con él es un factor clave para mantener el crecimiento, estimado para 2012 en el entorno del 4%.